Entre los proféticos goles que nos metieron durante el Mundial, creo que el más grande y bello, fue sin duda la ratificación del Convenio “Plus” con los gringos. El futuro despliegue militar estadounidense en aguas ticas ha generado una avalancha de comentarios y de análisis. Se ha criticado el tamaño del contingente y su capacidad destructiva. También se han cuestionado los privilegios sin límites que se da a los marines, como la posibilidad de circular libremente por todo el territorio y su inmunidad a las leyes costarricenses.

En efecto, todos estos detalles merecen atención y me parece -en lo personal- válida la denuncia de una militarización de nuestro país. Militarización, claro está, con múltiples y precisos objetivos: los objetivos “formales” de “lucha contra el narcotráfico” y los objetivos “informales” o “colaterales” de control geopolítico.

Me ha llamado poderosamente la atención cómo los defensores de tal despliegue bélico se escudan en una pretendida lógica de la debilidad. Dicha lógica podría resumirse así: “como somos pobreciticos para luchar contra el narco, entonces que nos defiendan los más fuertes, los más bellos y los que tienen las pistolas más grandes…”. De esta manera, responden a sus detractores pidiéndoles que den ellos una mejor opción que la propuesta en el Convenio, a sabiendas de que de no hacerlo, serán juzgados como los verdaderos “vendepatrias” o incluso como cómplices de los narcos.

Esta lógica de la debilidad parece dejar de lado un elemento central en dicho debate. No se trata de negar la capacidad militar de los carteles, sino de investigar, denunciar y juzgar las redes narco-políticas que activamente se tejen dentro del país.

Resulta bastante hipócrita lanzar gritos al cielo sobre la decadencia moral en la que nos ha sumido el narcotráfico, creer ciegamente en la solución militar o de “mano dura” y cerrar los ojos frente a las profundas transformaciones sociales que van de la mano del “libre mercado” y la opción de una sociedad mercantil.

Es cierto, en menos de diez años, Costa Rica se ha vuelto más competitiva y ha producido más riqueza que nunca antes. En pocas palabras, nos hemos globalizado. Un buen ejemplo de ello son, sin duda, los casinos, la droga y la prostitución. Las casas de apuestas tienen incluso la amable colaboración de altos jerarcas de los poderes de la República y una facilidad sin límites para blanquear capitales sospechosos. ¿De qué nos servirán los patrullajes para esto?

Por otro lado, es probable que los marines deseen costearse un poco de compañía en sus largas noches de soledad, lejos de la Yunai, tal y como acostumbran hacerlo, por ejemplo, en Colombia. Para ello, les bastará una vuelta por el centro de San José, donde los espera el amor de prostitutas del mundo entero, traídas directamente de Asia, África o Europa del Este por las mafias especializadas en el tráfico de personas y con la amable colaboración de las autoridades migratorias. Sin contar, eso sí, con la “oferta” que pueden encontrar en zonas de amplio “desarrollo” , como Jacó…

Se sabe también, al menos desde el 2001, que la especulación inmobiliaria que ha expulsado a miles de pobladores de las costas y ha convertido las playas en un lucrativo negocio privado, con la participación activa de grupos financieros locales y de capitales internacionales, es un eslabón más del engranaje del lavado.

Resulta pues evidente que la famosa “guerra contra las drogas” debería darse primero dentro del país. Pero no en los barrios marginales donde todas las mañanas vemos irrumpir a la policía con gritos y pasamontañas. Al contrario, propongo que comencemos mejor por los partidos políticos tradicionales.

¿No es acaso ahí donde se han gestado los más oscuros negocios ligados al perico? ¿Cuánto sabrá, por ejemplo, un Ricardo Alem, ni más ni menos que jefe de campaña de Óscar Arias, allá por 1986, nombrado luego como representante de Costa Rica en el BCIE, el puesto más jugoso del Gobierno de turno?

¿Cuánto sabrá el mismo Arias, quien gracias a la intervención de sus siempre fieles diputados, no fue llamado a declarar a la Comisión de Narcotráfico que investigaba la conexión Nayor-Casas?

¿Por qué la Comisión de Narcotráfico, presidida por la entonces diputada Laura Chinchilla, no se pronunció sobre el narco-financiamiento de la campaña del 2002 y prácticamente fue desmantelada durante este periodo?

Después del voto legislativo resulta claro que los mismos de siempre, ahora bajo la divisa LiLi, no buscan otra cosa más que desviar la atención de los verdaderos actores locales del narco. Es entonces necesario retomar estas preguntas y generar un debate que vaya más allá de la presencia militar gringa. Los portaviones y los helicópteros son -sin duda- árboles que esconden el bosque de estos negocios trópicales.