El excepcionalismo tico

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 :: Ignacio García ::

El día lunes 19 de Febrero de 2007, aparecieron muertos tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano. Sus cuerpos estaban calcinados sobre la carretera entre El Salvador y Guatemala. Aparentemente cargaban consigo 20 kilos de cocaína y un millón de dólares en efectivo. Por esta razón, se entendió como móvil del crimen un “tumbe”, es decir, un problema de drogas.

El caso Parlacen es muy simbólico en cuanto al estado de la región. Uno de los diputados asesinados era el hijo de Roberto D’Abuisson, el fundador del Partido Arena, entrenado en la Escuela de las Américas en Fort Bennington, Georgia, durante los conflictos armados en Centroamérica.

El triple homicidio se le atribuyó, según la justicia guatemalteca, a un diputado del Congreso de ese país. Sin embargo (según la versión recién publicada de un periodista costarricense que reside en el Salvador), la fiscal costarricense de la CICIG, Giselle Rivera, y un grupo de investigadores de ese órgano de las Naciones Unidas, lograron identificar que el crimen había sido efectuado por un grupo clandestino de policías, quienes formaban parte de una estructura de crimen organizado que operaba paralelamente desde la institucionalidad del gobierno de ese país.

El líder de ese grupo era un venezolano, Víctor Rivera, conocido como “Zacarías”, un “exconsultor en materia de seguridad” que había sido traído a El Salvador por el gobierno de Napoleón Duarte durante los Procesos de Paz en Centroamérica de inicios de la década de los noventa, pero que finalmente fue expulsado de ese país. El “consultor” fue entonces contratado por las autoridades guatemaltecas. Su tarea consistía en negociar secuestros, hacer perfiles criminológicos, en fin, sustituir al Estado en el monopolio de la violencia mediante una especie de contrato de servicios, avalado y apoyado por la institucionalidad del Estado guatemalteco.

Según un reporte de la CICIG, el grupo de Zacarías realizaba asesinatos, tráfico de drogas, lavado de dinero, secuestros, extorsiones y tumbonazos de drogas. Dentro de sus tareas, su organización, conocida como los “Riveritas” también se dedicaba a la “limpieza social” de criminales. De esta manera, en setiembre del 2006 se lleva a cabo la ejecución sistemática de 7 reclusos en la cárcel de Pavón, un lugar olvidado en donde el Estado guatemalteco había perdido presencia. Éste es uno de los principales casos que el exfiscal general costarricense, Francisco D’Allanese, llega a conocer al asumir su posición como comisionado de la CICIG en Guatemala, en sustitución del penalista español Carlos Castresana.

Con el gobierno de Álvaro Colom, quien estuvo presente hace dos días en la reunión de la Internacional Socialista en San José, la justicia guatemalteca juzga a la cúpula de la policía del gobierno anterior de Oscar Berger, por lo que parece una operación de “limpieza social” guíada por el Estado. Dentro de los acusados se encuentran el Ministro de Gobernación, Carlos Vielmann; el jefe de la policía, Erwin Sperissen; y el subdirector, Javier Figueroa. Para otros sectores de la sociedad guatemalteca, inclusive para los mismos funcionarios que habían ayudado en su origen, el órgano de las Naciones Unidas, la CICIG, se había salido fuera de control.

Viendo el caso de Johel Araya en la cárcel de la Reforma en Costa Rica, como uno de muchos ejemplos, no resulta difícil pensar en alguna especie de parecido entre las realidades de ambos países centroamericanos. Tampoco parece ser tan descabellado que posiblemente en Costa Rica empecemos a vivir estos escenarios tan complejos en un futuro próximo, si es que no los estamos viviendo ya desde hace algún tiempo.

Es importante que los(as) costarricenses no lleguemos a pensar que esta realidad centroamericana nos es intrascendente o ajena. Costa Rica, como el vecino de un asustado barrio de la clase media, ha decicido poner una aguja en la entrada de su frontera imaginaria, para que la realidad de la marginalización centroamericana no permee su idealización de un hogar supuestamente pacífico: la Suiza centroamericana, el lugar con más maestros que soldados. Leí en un ensayo publicado en esta revista sobre el llamado “excepcionalismo tico”. Es decir, esta burbuja costarricense en donde ni siquiera nos creemos centroamericanos, sino ladinos descendientes de europeos, ciudadanos de un primer mundo con latitudes meridionales. Es cierto que tuvimos un país con indicadores económicos superiores a los del resto de la región. Pero la partida de gente como Carmen Naranjo y Jorge Manuel Dengo son confirmaciones de que este bienestar es algo que procede de la solidaridad social.

Lo más digno de atención es determinar cuánto de estas dinámicas procede de un contexto geopolítico externo. Es importante señalar que la CICIG ha facilitado la idea de pensar en repetir el modelo de éste órgano a una escala regional para la América Central. A pesar de el progreso que se había experimentado, sustituyendo la “guerra contra las drogas” de Nixon, por un problema de salud pública, el anticomunismo férreo que proveyó la plataforma ideológica para los genocidios en la Centroamérica de los ochentas, parece haber sido suplantado por un “anti-terrorismo” global, y una “guerra contra el narcotráfico” local. Es importante reconocer estas dinámicas para evitar los errores del pasado, y para poder soñar con un futuro menos sombrío. Sustituir el odio de la represión por una visión común de país, esa capacidad de diálogo y visión, sí sería un verdadero y optimista excepcionalismo tico.