El desafío de la diversidad

:: Gisella Díaz Azofeifa* ::

Costa Rica es un país multiétnico, pluricultural y multilingüe. Aunque por mucho tiempo se le ha representado como una nación predominantemente “blanca”, su población actual es un híbrido de diversos orígenes étnicos, principalmente amerindio, europeo, africano y asiático. Investigaciones recientes han revelado que el territorio que hoy conocemos como Costa Rica estuvo habitado por grupos precolombinos cultural y lingüísticamente diversos. Posteriormente, con los primeros europeos, llegaron también, aunque en diferentes oleadas, grupos de origen africano (a partir del siglo XVI) y asiático (en el siglo XIX), los cuales han contribuido indiscutiblemente a la conformación étnica y cultural de la población costarricense actual. Los datos del Censo 2011 al respecto son contundentes: 0,2% de la población costarricense se autoadscribe como china, 1,1% es negra o afrodescendiente, 2,4% indígena, 6,7% mulata y un 83,6% blanca o mestiza.

No obstante, a pesar de su innegable configuración diversa, Costa Rica no se reconoce oficialmente -es decir, constitucionalmente- como una nación multiétnica y pluricultural. Esto se debe en gran parte a que desde sus inicios, el proyecto de formación del Estado se dio de forma paralela al proceso de creación de la identidad nacional. Con el surgimiento del Estado-nación, se generalizó la idea de que la nación costarricense estaba compuesta por un grupo culturalmente homogéneo y de origen mayoritariamente europeo, a causa de la escasa población indígena [1] y la ausencia de mestizaje [2] –cabe señalar que ambas aseveraciones son falsas-. De esta forma, no sólo se logró sustentar la supuesta naturaleza igualitaria de la sociedad costarricense, sino que además se le utilizó para borrar, en el plano simbólico, la presencia de la población amerindia, afrodescendiente y asíatica, así como su aporte en la historia y desarrollo del país.

Uno de los problemas que se derivan de esta concepción es el inapropiado manejo de la diversidad cultural. Al no reconocer constitucionalmente su conformación multiétnica, el Estado costarricense actúa pasiva y activamente como un ente monocultural. Esto se refleja, a primera vista, en el uso de una lengua oficial -el español, en detrimento de las lenguas indígenas que se hablan en el país [3], el creol limonense o Mekatelyu y la lengua de señas o Lesco-; en una historia oficial –que inicia prácticamente con llegada de Cristobal Colón y que celebra la instauración de un nuevo sistema político, económico, cultural y religioso-; así como por medio de la designación de los símbolos nacionales, la moneda, los toponimios -hispanos y católicos-, y los héroes nacionales que son en su gran mayoría representativos de la cultura mestiza dominante.

Otra consecuencia directa es el intrincado reconocimiento político de la diversidad étnica del país. No es sino hasta 1982 que se reconoce –por medio del Decreto Ejecutivo 13.573-G-C- la existencia de los ocho pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional. Todavía en la década de los noventa se dan las últimas luchas para que el pueblo indígena Guaymí pueda obtener la ciudadanía costarricense. En 1999 se reforma el artículo 76 de la Constitución Política para incorporar la existencia de las lenguas indígenas. Pese a la importancia de esta enmienda, las lenguas vernáculas no obtienen el grado de oficialidad, así como tampoco se incluyen el Mekatelyu y el Lesco. Resulta también problemático que el reconocimiento de la multietnicidad se celebre de manera minimalista y superficial, con la conmemoración tardía del Día del Aborigen desde 1971, el Día del Negro a partir del 1980 –y desde 1996, también día de la Cultura Afrocostarricense-, y el Día Nacional de la Cultura China desde el 2003, al mismo tiempo que se mantiene el ideal de la nación blanca y homogénea en el discurso oficial.

Desde una postura más crítica, la principal debilidad del modelo monocultural es que no garantiza a plenitud algunos de los principios fundamentales que sirven de base a las democracias contemporáneas, tales como el pluralismo político, la igualdad política y la defensa de las minorías. A su vez, contraviene el compromiso del Estado en proteger los derechos humanos y culturales de los grupos étnicos minoritarios, como por ejemplo el derecho a la libre determinación, el derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones, costumbres e instituciones, y el derecho a recibir una educación acorde a su realidad y cosmovisión, entre otros.

En términos generales, el monoculturalismo estatal basado en una concepción monoétnica, etnocentrista y excluyente tiene implicaciones políticas de gran envergadura. En primer lugar, porque resulta difícil, sino imposible, reconocer, respetar y valorar la diversidad cultural. En segundo lugar, porque al excluir simbólicamente a los grupos minoritarios, posiciona a las minorías en condición de desventaja política y económica. Y por último, impide que los grupos minoritarios –en particular, los pueblos indígenas- puedan reproducir su lengua y su cultura de manera autónoma y en condiciones de igualdad.

El carácter monocultural del Estado costarricense es un problema político que debe ser enmendado. En el 2008 se presentó una propuesta para reformar el artículo 1 de la Constitución Política de la siguiente manera: «Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural» (Expediente 17.150). Sin embargo, la falta de consenso necesario para aprobar esta iniciativa dejó en evidencia que el discurso monoculturalista está profundamente enraizado en nuestra concepción de la identidad nacional.

En definitiva, Costa Rica requiere de un nuevo proyecto de nación, incluyente y plural. Actualmente se discuten en el país otras iniciativas que tienen como objetivo eliminar todo tipo de orientaciones ideológicas homogeneizantes. Algunos de los ejemplos más representativos son el proyecto de Ley para el Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas (Expediente 14.352), la reforma constititucional para incorporar la neutralidad religiosa por medio del establecimiento de un Estado laico (Expediente 17.511) y la iniciativa para legalizar las uniones civiles entre personas del mismo sexo (Expediente 16.390) que posteriormente fue denominada “Ley de Sociedades de Convivencia” (Expediente 17.668). Lamentablemente, ninguna de estas propuestas ha contado con el apoyo legislativo necesario, lo que a mi parecer pone de manifiesto el hecho de que mientras la sociedad civil se organiza para defender un ideal democrático de sociedad, la clase política costarricense le apuesta al confort del conservadurismo y el mantenimiento del status quo –condiciones que además, aseguran su permanencia en el poder-.

El país tiene una deuda histórica con los grupos étnicos minoritarios, en especial con los pueblos indígenas costarricenses. Para rectificar algunos de los grandes errores cometidos en nombre del progreso y la civilización, se debe avanzar en la revisión de la historiografía oficial, en la descolonización de la educación y la superación de las prácticas asimilacionistas y el colonialismo interno.

Mientras tanto, frente a un panorama dominado por la evasión, la indiferencia y la hipocresía, cabe preguntarse cuántos años más seguiremos celebrando el 12 de octubre.

*Politóloga